Por su interés general, les adjunto la transcripción:
Saludos cordiales a la presidenta de esta Honorable Legislatura, a los integrantes de la Mesa Directiva, a mis compañeros diputados. Saludo a los medios de comunicación, pero sobre todo y con gran afecto a las familias mexiquenses.
El acceso y uso de Internet constituye una herramienta esencial en el desarrollo y progreso humano, que incide positivamente en el proceso de aprendizaje, promoviendo de manera firme y decidida la participación ciudadana y democrática, pues a través de las redes sociales las personas pueden informarse y debatir sobre temas de su interés o que afectan a sus derechos y los de sus semejantes.
Por ello, el uso de las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) debe fortalecer los valores humanos e impulsar la inclusión e igualdad de las personas, lo cual también implica responsabilidad, deberes y obligaciones de los gobiernos, la Academia, el sector privado y las familias, sobre todo tratándose de niñas, niños y adolescentes, quienes realizan uso intensivo de los medios digitales, además de influir decisivamente en su forma de ver y comprender la realidad.
En la actualidad, el impulso y desarrollo acelerado de los recursos tecnológicos de comunicación ha generado una transformación evidente en las sociedades alrededor del mundo; además, constituye uno de los grandes distintivos que han permitido innovaciones, avances y progreso; sin embargo, este adelanto técnico, necesario en la evolución de las comunicaciones interpersonales y en la información digital, implica serios retos y desafíos para los gobiernos y autoridades, ante la proliferación de diversas conductas ilícitas de carácter cibernético, así como por la difusión de contenidos que pueden incluir datos e imágenes personales expuestas en los medios de comunicación sin el consentimiento correspondiente de la persona agraviada.
El ciberespacio cuenta con un aproximado de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo de los cuales 431 millones ha sido víctima de algún delito digital.
Lo anterior, se traduce en una afectación a la que ninguna persona está exenta, debido a que el día a día de la sociedad se distingue por el empleo permanente de las TIC’s; por lo cual, ha sido indispensable que las autoridades e instancias respectivas establecieran las disposiciones legales que regulen su utilización; aunado a ello, se determinen los mecanismos idóneos de investigación y aplicación de sanciones para quienes hagan uso indebido de los recursos tecnológicos en agravio de cualquier persona, mediante conductas que involucren amenazas, difamaciones, acoso, hostigamiento, humillación o ataques que afectan la dignidad personal.
Más aún, tratándose de asegurar una efectiva protección a los derechos y libertades fundamentales de grupos particularmente vulnerables, ante la amplia disponibilidad de medios tecnológicos. Lo anterior, obtiene sustento en la información recabada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la cual se expone que, a nivel nacional, el 25% de las adolescentes entre 12 y 17 años ha vivido ciberacoso; además, las principales personas víctimas son niñas y adolescentes que incluso han llegado a atentar contra su integridad física, registrándose incluso suicidios, por las consecuencias emocionales y psicológicas que les provoca la violencia digital.
Por otra parte, acorde a los resultados que obtuvo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2019, se señala que en México 9.4 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de este tipo de violencia en línea, de las que el 40.3% recibió insinuaciones o propuestas de índole sexual y el 33.9% de las mujeres recibió mensajes ofensivos.
Debido a la realidad que hoy están sujetas las nuevas generaciones es urgentes generar nuevas acciones que contribuyan al combate a estos delitos digitales, apoyando cada autoridad desde su trinchera, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, que cuenta con un Programa de Protección y Acceso a la Justicia en Casos de Violencia Digital de Género, a través del cual busca trazar un eje de ejecución para intervenir oportunamente sobre un problema o asunto concreto relacionado con la violencia digital de género en sus diferentes modalidades y modificar favorablemente la situación o condición de las mujeres afectadas.
Sin embargo, falta mucho por hacer, pues en la entidad mexiquense, de septiembre de 2019 a julio del presente año, se han iniciado 123 carpetas de investigación por el delito de «Violencia ejercida a través de las tecnologías de la Información y la Comunicación”, que incluye la difusión de fotografías o videos sin el consentimiento de las personas, a estos datos se debe considerar que el 93.6 de los delitos cometidos no se denuncian.
Como se advierte, el fenómeno de los delitos digital, representa un grave riesgo para las niñas, niños, adolescentes y mujeres, de igual forma el resto de la población no está exenta de ello, por lo que resulta necesario maximizar esfuerzos para reconocerla, visibilizarla y definirla correctamente, con el objeto de evitar que se materialice en absoluta impunidad.
Por tanto, Acción Nacional rechaza enérgicamente cualquier acción que implique violencia digital, como los son las amenazas, el ciberacoso, ciberacecho, el grooming, la explotación sexual en línea, el sexting, sextorsión, pornografía no consensuada, robo de identidad y cualquier otra conducta producto de la ciberdelincuencia.
No se omite señalar que el uso creciente de las redes sociales y los contenidos de Internet por parte de los usuarios ha originado respuestas normativas y regulatorias de los gobiernos y autoridades, por lo que la situación actual respecto de la legislación de los delitos cibernéticos es por completo dinámica, toda vez que se han instaurado reformas legales por parte de los gobiernos, y a la vez, se ha reconocido que los delitos cibernéticos requieren una apertura multidiscilplinaria, siendo prioritario aplicar una política común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, a la par del respeto de los derechos a la libertad de expresión.
En este sentido se deben ampliar las causales de violencia digital del Capítulo VI denominado “Violencia Ejercida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” del Código Penal del Estado de México, ya que la protección a que aluden se circunscribe únicamente a las víctimas transgredidas en su intimidad sexual.
Por ello la iniciativa busca sancionar de uno a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización, a quien con anuencia del sujeto pasivo revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima, a través de las TICs datos e información privada y/o sobre asuntos personales u otras impresiones gráficas y sonoras distintas al contenido sexual, las cuales puedan vulnerar sus derechos de la persona ofendida.
En tanto a quienes coaccionen u hostiguen con divulgar o divulguen datos e información privada y/o sobre asuntos personales, datos apócrifos, insultos, amenazas, mensajes de odio, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación, se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas unidades de medida y actualización.
Con la presente propuesta se incluyen todos los supuestos que comprende la violencia digital, en términos de la Ley Olimpia y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres, así como evitar la vulneración de sus derechos humanos.
Es fundamental que se faculte legalmente a las autoridades correspondientes a fin de proteger a las personas que hacen uso del Internet, con especial atención a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y se tomen las medidas adecuadas para hacer frente a todo comportamiento violento y delictivo en línea mediante el despliegue de capacidades para atender dichos casos, la actuación de las autoridades competentes con perspectiva de género y el establecimiento de buenas prácticas para la inclusión digital.
Por otro lado, se plantea una adición a la Ley de La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por el que se crea una Fiscalía Especializada para Delitos Digitales, con el objeto de Investigar, perseguir y sancionar de manera eficiente estos delitos que aquejan a gran parte de los mexiquenses, a través del personal operativo con la capacitación y especialización continua, observando las mejores prácticas para el desempeño de sus funciones y la atención de las víctimas u ofendidos.
Pues de acuerdo a la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, Entre las principales amenazas a la población en internet está la vulneración en la seguridad de la información, el robo de datos, fraudes, suplantación de identidad, el acceso lógico no autorizado, así como la infección por el código malicioso. Mientras que la pornografía infantil, se calcula un incremento del 73% durante el lapso de marzo y abril; además reportaron que el 80% de dicha actividad se transmite por medio de Facebook. Este tipo de delitos incremento por crisis sanitaria generando una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el ámbito cibernético.
Confiamos en la responsabilidad de los legisladores, para que la propuesta avance dentro del presente periodo y se le puedan destinar recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos a la fiscalía que hoy proponemos.
Acción Nacional no quitará el dedo del renglón, mientras que la inseguridad sea una de las exigencias más fervientes de la población, buscaremos alternativas que la combatan, dándole voz a quien a diario vive este temor, generando una verdadera esperanza a los mexiquenses.
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