Le doy a conocer que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, cuya JuCoPo preside el diputado de morena, Maurilio Hernández González, aprobó “por unanimidad”, transformar al Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) en un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, “con el propósito de impulsar el desarrollo y la innovación en la administración pública estatal y de los municipios de la entidad”.
De acuerdo con la iniciativa de Ley del IAPEM planteada por la diputada Iveth Bernal Casique, ahora el Instituto estará sectorizado a la Secretaría de Finanzas, “donde se encargará de realizar estudios para el diseño de políticas públicas tendientes a atender las diversas necesidades de la entidad desde el enfoque de los expertos”, puntualizó el diputado Miguel Sámano Peralta, coordinador parlamentario del PRI, quien reconoció las aportaciones hechas por diputadas y diputados de Morena, PAN y PVEM a la iniciativa original.
El dictamen establece que el director general del IAPEM será nombrado y removido por el gobernador, a sugerencia del presidente del Consejo Directivo, que será el secretario de Finanzas, y será integrado por representantes de las secretarías de Educación y de Finanzas, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
También incluirá dos presidentes municipales, el vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México, dos expertos en administración pública, un comisario (que será un representante de la Secretaría de la Contraloría) mientras que el director general fungirá también como secretario del Consejo Directivo.
Durante el análisis de esta iniciativa, las diputadas Beatriz García Villegas (Morena), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) y María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), así como los diputados Miguel Sámano y Omar Ortega Álvarez (PRD), reconocieron el esfuerzo para la profesionalización de los servidores públicos y la modernización del marco jurídico para fortalecer la administración pública.
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